El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas volvió a sentenciar a un hombre de 64 años condenado a muerte a cadena perpetua sin libertad condicional el miércoles después de que un experto estatal confirmara en el tribunal de primera instancia que tiene una discapacidad intelectual.

Randall Mays fue condenado a muerte en 2008 por el asesinato de dos ayudantes del sheriff en el condado de Henderson, pero en los años transcurridos desde entonces su equipo legal ha presentado múltiples apelaciones argumentando que está exento de ejecución debido a su competencia mental y discapacidad intelectual.

Hace más de dos décadas, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que ejecutar a personas con discapacidad intelectual viola la restricción de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda, que el tribunal de apelaciones penal citó en su decisión de nueva sentencia.

“La evidencia de la discapacidad intelectual de Randall es abrumadora. Tiene un coeficiente intelectual de 63. Sus déficits intelectuales han sido vistos y observados por otros a lo largo de su vida, desde la niñez hasta el servicio militar, y durante toda su edad adulta”, dijo Benjamin Wolff, director de la Oficina de Sentencias Capitales y Forenses de Texas, en un comunicado el miércoles. Un experto contratado por el estado confirmó esos hallazgos, dijo la oficina.

La oficina del defensor público estatal que representa a las personas condenadas a muerte en procedimientos posteriores a la condena ha representado a Hays desde 2015. Mays también está representada por el bufete de abogados Haynes and Boone y la Oficina del Defensor Público Federal en Dallas.

Durante un tribunal de primera instancia el año pasado, los expertos que realizaron evaluaciones neuropsicológicas de Mays confirmaron que cumplía con los criterios para un diagnóstico de discapacidad intelectual. Una experta contratada por el estado dijo que no podía refutar ese hallazgo. El fiscal de distrito del condado de Henderson tampoco cuestionó la discapacidad intelectual de Mays.

Ese punto del caso fue notable, dijo Wolff a The Texas Tribune, “cuando el estado de Texas, que buscaba la pena de muerte contra Randall Mays, ya no pudo respaldarla”.

Mays disparó y mató a los agentes del sheriff del condado de Henderson, Tony Ogburn y Paul Habelt, después de que los agentes respondieran a una llamada de disturbios domésticos en su propiedad en Payne Springs, un pequeño pueblo que se encuentra en la frontera entre el centro y el este de Texas.

En los 16 años que Mays ha estado en el corredor de la muerte, sus abogados han apelado repetidamente su condena alegando que tiene una discapacidad intelectual, una condición del desarrollo neurológico. Su equipo legal también ha argumentado que Mays es incompetente para ser juzgado porque carece de comprensión racional del caso en su contra.

En 2019, un juez detuvo la ejecución de Mays por cuestiones de su competencia. Un diagnóstico de esquizofrenia y la falta de comprensión de por qué iba a ser ejecutado dieron como resultado que se retirara la sentencia de muerte menos de dos semanas antes de su ejecución. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal detuvo la primera ejecución programada de Mays en 2015 por acusaciones similares.

En última instancia, el tribunal penal más alto del estado citó el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2002, Atkins v. Virginia, que prohíbe la ejecución de personas con discapacidad intelectual pero otorga a los estados el poder de definir esa designación.

Texas ha ejecutado a una persona este año. Ocho personas fueron ejecutadas en 2023, más que cualquier otro estado.