La Jornada.
Un total de 21 fiscales generales de otros tantos estados estadunidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden, y al secretario de Estado, Antony Blinken en la que pidieron declarar a los cárteles mexicanos como “organizaciones extranjeras terroristas”, con el fin de “liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que merece”.
La oficina del promotor de la iniciativa, el fiscal Jason S. Miyares, del estado de Virginia, informó en un boletín que “la inhabilidad del gobierno mexicano” de controlar a estos grupos “es una amenaza a nuestra seguridad nacional”.
“Los cárteles mexicanos conducen una diaria guerra química contra los estadunidenses”, asevera el documento, redactado por Miyares y firmado por los otros 20 fiscales.
Añade que en 2022 más de 100 mil estadunidenses murieron por sobredosis de opioides; y que la DEA reporta que principalmente los cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación importan de China precursores de la droga que después trasladan a Estados Unidos.
En septiembre pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas” con argumentos similares.
En la carta a Biden se afirma que la amenaza “es aún más grande por los conocidos nexos entre los cárteles mexicanos y las organizaciones como Hezbolá”; y que la administradora de la DEA, Anne Milgram, llamó al fentanilo “la droga más mortífera que jamás ha enfrentado nuestro país”, pues causa 196 muertes al día.
Además, dicen Miyares y los otros fiscales, los cárteles asesinan a sus rivales, a funcionarios mexicanos y a estadunidenses en la frontera cuando llevan a cabo su “insurgencia armada” contra el gobierno de México y que esta situación “no acabará hasta que escalemos nuestra respuesta”.
Agregó que designar como “organizaciones terroristas extranjeras” a los cárteles mexicanos “dará a las fuerzas de seguridad estatales y federales mayores poderes para congelar los recursos” de estas organizaciones “y permitirá a fiscales imponer penas mayores” a quienes colaboren con ellas.
Dijo, además, que las leyes que existen en el país para combatir a los cárteles son insuficientes pues se enfocan en rastrear y penalizar sus actividades económicas, cuando muchos cuentan con la tapadera de negocios aparentemente legítimos como “el comercio de aguacate, gasoductos, minas de oro y hasta supermercados”.
Firmaron la carta los fiscales generales de los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Ohio, Tenesí, Texas, Utah, Virginia y Virgina Occidental.
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